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Los jueces también pueden decidir que su veredicto no se limite a California, sino que se extienda también a todos los estatutos y enmiendas constitucionales estatales que prohíben el matrimonio gay.

Washington.- Los jueces del Supremo de Estados Unidos se mostraron hoy escépticos al escuchar los argumentos a favor de la Propuesta 8, la enmienda constitucional que impide el matrimonio gay en California, durante la audiencia dedicada al caso.

Los argumentos de Charles Cooper, el abogado de los defensores de la enmienda que prohibió los matrimonios homosexuales en California en 2008, fueron interrumpidos en varias ocasiones al inicio de la sesión, en especial por el juez Anthony Kennedy, un magistrado conservador que ha defendido en ocasiones los derech0s de los gais.

Kennedy habló de los aproximadamente 40.000 niños adoptados o concebidos por parejas homosexuales sólo en California, y argumentó que “quieren que sus padres tengan un reconocimiento completo” de su unión. “Sus voces son importantes, ¿o no?”, añadió.

No obstante, el juez también habló de lo difícil que es determinar cuáles son las consecuencias en la sociedad de permitir el matrimonio gay, una experiencia históricamente reciente.

“Tenemos cinco años de información que contrastar contra unos 2.000 años o más de historia (de matrimonios tradicionales)“, indicó.

Cooper, por su parte, instó a los jueces a no mediar en “un asunto tan difícil” y permitir que sean los votantes de los estados quienes decidan si desean aprobar o no el matrimonio gay.

Otros magistrados cuestionaron la noción de que la procreación sea la clave para definir el matrimonio, dado que hay “muchas parejas que se casan y no tienen hijos”, en palabras del juez Stephen Breyer.

La jueza Sonia Sotomayor preguntó, por su parte, qué “daño” han sufrido los que defienden la Propuesta 8, que ilegalizó los matrimonios gais apenas seis meses después de que California los legalizara, a lo que Cooper replicó que se trata más bien de un “daño al estado”.

Se espera que la máxima corte decida sobre el caso en junio. En caso de que declare inconstitucional la Propuesta 8, el matrimonio gay volverá a ser legal en California.

Pero los jueces también pueden decidir que su veredicto no se limite a California, sino que se extienda también a todos los estatutos y enmiendas constitucionales estatales que prohíben el matrimonio gay.

Un total de 30 estados prohíben cualquier tipo de enlace entre personas del mismo sexo, y otros ocho prohíben de forma explícita el matrimonio gay pero permiten otro tipo de uniones civiles entre homosexuales; con lo cual esa opción derogaría los vetos en un total de 38 estados.

Otra opción es que decidan que su veredicto se aplica sólo a California y a los otros siete estados que permiten algún tipo de unión civil entre parejas homosexuales -Delaware, Hawai, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Nevada y Oregón, a los que se sumará Colorado en mayo- y a los que podría forzar a calificar esas uniones como matrimonio.

El Supremo se dedicará mañana al otro caso relacionado con las bodas gais, el que reta la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por su sigla en inglés), que define el matrimonio como la “unión entre un hombre y una mujer” e impide, por tanto, que los homosexuales casados en los nueve estados donde es legal logren reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

“Quiero que todo el mundo tenga el derech0 a casarse, a amar, a crear una familia. Es un derech0 humano básico, el hech0 religioso va totalmente aparte”, añadió Camper.

Washington.- Cientos de personas se concentraron hoy ante el Tribunal Supremo de EE.UU. en Washington para presionar a favor de una resolución por parte de la máxima instancia de la Justicia estadounidense que avale la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales.

Con pancartas como “El matrimonio es amor, compromiso y familia” o “Estamos del lado del amor“, los congregados -tanto homosexuales como heterosexuales- esperan que el Supremo falle a favor de la inconstitucionalidad de la prohibición de los matrimonios homosexuales.

El Tribunal Supremo escucha hoy argumentos a favor y en contra de la Propuesta 8, la enmienda constitucional que impide el matrimonio gay en California.

El miércoles, el Supremo se dedicará al otro caso relacionado con las bodas gais, el que reta la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por su sigla en inglés), que define el matrimonio como la “unión entre un hombre y una mujer” e impide, por tanto, que los homosexuales casados en los nueve estados donde es legal logren reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

“Estoy aquí porque creo en la igualdad de derech0s, he creído en ella desde que estaba en la universidad”, explicó Ann Camper, vecina de Virginia y madre de un homosexual. “Mi hijo querrá poder disfrutar del derech0 al matrimonio si encuentra una pareja de su agrado”, añadió.

“Quiero que todo el mundo tenga el derech0 a casarse, a amar, a crear una familia. Es un derech0 humano básico, el hech0 religioso va totalmente aparte”, añadió Camper.

En un ambiente plenamente festivo y cargado de banderas del arco iris y californianas, los manifestantes se concentraron en la misma acera de la Corte y en la de enfrente (que corresponde al edificio del Congreso), y bailaron al son del tema “Girl on fire” de la cantante Alicia Keys.

Además, también acudieron a las afueras del Supremo algunas decenas de activistas contrarios a los enlaces matrimoniales entre homosexuales y partidarios del matrimonio convencional, quienes reclamaron hacer oír su voz en un acto copado por de los defensores del matrimonio gay.

“Somos baptistas. Dios defiende el amor. Creemos en Dios y en el amor y, por ello, en que el matrimonio es cosa entre un hombre y una mujer“, indicó Kathy Baskens, vecina de Maryland.

Otra encuesta reciente del diario “The Washington Post” y la cadena ABC indicó que el 58 % de los estadounidenses apoya los matrimonios gay, una cifra récord en comparación con el 32 % hace un año.

Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos, inicia hoy dos días de audiencias sobre la legalidad de los matrimonios homosexuales, pero ya antes de su fallo en junio próximo, el país asiste a una verdadera transformación cultural sobre el asunto, según expertos consultados.

Los nueve magistrados escucharán entre hoy y mañana los argumentos en dos casos relacionados con los matrimonios homosexuales y prevé emitir su dictamen sobre ambos para junio próximo.

El de hoy será sobre la Propuesta 8 de California que en 2008 prohibió los matrimonios homosexuales, y el de mañana será sobre el Acta de Defensa del Matrimonio (DOMA, en inglés), la ley federal de 1996 que prohíbe el reconocimiento y beneficios federales a parejas gay.

Gracias al activismo de la comunidad homosexual y el respaldo de estrellas de Hollywood y del mundo deportivo, EE.UU. se ha encaminado a un giro cultural que está forzando a cambiar al propio Partido Republicano.

El estratega político conservador Karl Rove, exasesor del entonces presidente George W. Bush, dijo a la cadena ABC el domingo pasado que podía imaginar incluso que el próximo candidato presidencial del Partido Republicano en 2016 apoye las uniones gay.

“Esta causa tiene un impulso irrefutable, abonado por el creciente apoyo de estadounidenses de todo el espectro político, muchos de ellos del Partido Republicano”, dijo Evan Wolfson, abogado y presidente del grupo “Freedom to Marry”, que apoya los matrimonios gay.

“La oposición a los matrimonios homosexuales se está derritiendo, y sus detractores son cada vez menos y están aislados”, argumentó Wolfson para quien apoyar estos matrimonios es apoyar los valores conservadores de que los hijos tengan un hogar, se reduzca la injerencia del Gobierno y se amplíen las libertades individuales.

Para Wolfson, el cambio cultural “está creando un clima que transmite a los magistrados el mensaje de que ellos también deben cambiar, porque no sólo la Historia los vindicará sino que los acercará a donde ya está un creciente número de estadounidenses”.

En defensa de los homosexuales han salido celebridades de Hollywood como la comediante y presentadora Ellen DeGeneres, actrices como Anne Hathaway, Natalie Portman, Jennifer Aniston, y actores como Brad Pitt, George Clooney y Sean Penn, o el cineasta Steven Spielberg.

El actor y productor Clint Eastwood, que durante la convención nacional republicana de 2012 atacó la presunta falta de liderazgo del presidente Barack Obama, se sumó a cerca de un centenar de republicanos que firmaron un documento legal en contra de la Propuesta 8 de California.

En ese documento presentado ante el Supremo figuran también las firmas de cuatro exgobernadores y Mary Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, según la lista divulgada por la Fundación Estadounidense para la Igualdad de Derech0s (AFER, en inglés), el grupo que ha impugnado la Propuesta 8.

El caso contra la Propuesta 8 cuenta con el respaldo de otro influyente conservador en la figura de Ted B. Olson, el abogado que representó al Gobierno ante el Supremo durante la presidencia de Bush hijo (2001-2009).

Brendon Ayanbadejo, un jugador del popular equipo de fútbol americano Baltimore Ravens que apoya la causa gay desde 2009, dijo a la cadena CBS que el cambio en EE.UU. refleja “la evolución de los derech0s civiles y los derech0s por la equidad”.

Todo estadounidense “tiene un amigo, familiar o compañero de trabajo homosexual“, y todos merecen “un trato equitativo”, señaló Ayanbadejo.

Según una encuesta divulgada el lunes por la cadena CNN, el 57 % de los estadounidenses asegura tener un amigo o un familiar cercano homosexual, 12 puntos más que en 2007.

Otra encuesta reciente del diario “The Washington Post” y la cadena ABC indicó que el 58 % de los estadounidenses apoya los matrimonios gay, una cifra récord en comparación con el 32 % hace un año. Entre los jóvenes menores de 30 el apoyo es del 80 % y entre los ancianos, del 44 %.

La oposición a los matrimonios gay viene principalmente de la jerarquía del Partido Republicano y de su plataforma política, y varios grupos conservadores afines.

En entrevista el lunes, el presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, aclaró que si bien él y otros conservadores creen en los matrimonios convencionales, el partido no dará la espalda a quienes decidan apoyar los de homosexuales.

“No podemos crecer como partido si dividimos y sustraemos”, subrayó Priebus.

Las leyes y programas de “acción afirmativa” tuvieron la intención de abrir para las minorías campos de estudio y capacitación antes reservados para la mayoría “blanca” y los hombres, pero con el paso de las décadas en algunos casos se han convertido en sistemas de cuotas.

Washington.- El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos aceptó hoy ocuparse de un caso en Michigan que cuestiona la constitucionalidad de las leyes que han establecido privilegios para minorías previamente perjudicadas por la discriminación por raza, sexo o nacionalidad.

Estas leyes, conocidas como “acción afirmativa”, han procurado durante las últimas cinco décadas remediar la discriminación sufrida por minorías y mujeres, estipulando cuotas y programas de promoción en las instituciones de educación, salud y otros servicios públicos.

En 2006 una iniciativa, aprobada en plebiscito por el 58 por ciento de los votantes en Michigan, enmendó la Constitución de ese Estado prohibiendo la “discriminación, o el otorgamiento de tratamiento preferencial, en la educación pública, el gobierno, los contratos y el empleo público por razones de raza, grupo étnico, sexo u origen nacional”.

La iniciativa, a su vez, fue la reacción política a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que, en 2003, validó las políticas de admisión en la Universidad de Michigan adecuadas a la “acción afirmativa”.

Las leyes y programas de “acción afirmativa” tuvieron la intención de abrir para las minorías campos de estudio y capacitación antes reservados para la mayoría “blanca” y los hombres, pero con el paso de las décadas en algunos casos se han convertido en sistemas de cuotas.

Los grupos de derech0s civiles y estudiantes de minorías que iniciaron una querella contra la enmienda constitucional argumentan que perjudica a quienes abogan por la consideración de la identidad racial y los antecedentes étnicos en la admisión de alumnos en las universidades.

Los proponentes de la enmienda constitucional de Michigan argumentaron que, si bien hace décadas pudieron ser beneficiosos los programas que favorecieron el ingreso de las mujeres en las universidades, son ahora innecesarios cuando en muchas universidades hay más mujeres que hombres.

Asimismo los cambios demográficos han hech0 que, en muchas partes del país las que eran minorías -negros, latinos, asiáticos- sean ahora mayoría, y la que era mayoría blanca es ahora la minoría.

El matrimonio homosexual es legal en nueve estados del país -Maryland, Washington, Maine, Nueva York, Connecticut, Iowa, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Vermont- y en el Distrito de Columbia.

Washington.- El Gobierno de Barack Obama pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos que declare inconstitucional la ley federal que define el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer” cuando decida sobre el asunto el próximo junio.

El Departamento de Justicia entregó al Supremo la primera de una serie de opiniones legales sobre el asunto de los matrimonios homosexuales, que el Supremo debe evaluar tras admitir a trámite dos demandas al respecto.

Una de las demandas cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por su sigla en inglés) de 1996, que define el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer” y a la que Obama se ha opuesto públicamente en numerosas ocasiones desde mayo de 2012, cuando se mostró a favor del matrimonio gai.

El Departamento de Justicia respaldó hoy esa posición en el documento, que llega un mes antes de que el Supremo acoja su primera audiencia sobre el asunto.

“La oposición moral a la homosexualidad, aunque pueda reflejar opiniones personales profundas, no es un objetivo de política legítimo que pueda justificar el tratamiento desigual de las personas gais y lesbianas”, dijo el abogado general de EE.UU, Donald Verrilli, en el documento.

Verrilli subrayó además que la ley niega a las parejas homosexuales una serie de beneficios federales que sí reciben los matrimonios heterosexuales.

El Gobierno de Obama está considerando intervenir también en el segundo caso sobre el matrimonio homosexual que evaluará el Supremo, el relacionado con la Proposición 8 de California, que declara ilegales las bodas gais en ese estado y fue aprobada en un referendo en 2008, poco después de que el estado legalizara esas uniones.

En 2010 un tribunal de apelaciones declaró inconstitucional la enmienda, por lo que sus defensores decidieron el pasado julio llevar el caso ante el Supremo.

Según fuentes de la cadena CNN, el Departamento de Justicia prevé publicar la semana que viene un “amicus” u opinión legal de apoyo que defiende el derech0 constitucional a los matrimonios del mismo sexo, y que la Proposición 8 debe derogarse como una violación de la “protección igualitaria” que se garantiza en la Constitución.

No obstante, Obama debe aún tomar la decisión final sobre si intervenir o no en la disputa estatal, según las fuentes.

El matrimonio homosexual es legal en nueve estados del país -Maryland, Washington, Maine, Nueva York, Connecticut, Iowa, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Vermont- y en el Distrito de Columbia.

En otros cinco estados se permiten uniones civiles, pero no es un derech0 reconocido por el Gobierno federal.

En mayo pasado Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en apoyar públicamente el matrimonio homosexual.

Durante su primer mandato, Obama abolió la norma conocida como “Don’t Ask Don’t Tell (No preguntes, no digas)”, que prohibía que los homosexuales que admitieran serlo formaran parte de las Fuerzas Armadas.

Según una encuesta de diciembre de USA Today y Gallup, el 53 % de los estadounidenses está de acuerdo en que las parejas del mismo sexo puedan casarse, casi el doble del apoyo registrado en 1996.

Pese a todo, los grupos conservadores se siguen oponiendo y logran victorias como la de mayo pasado en Carolina del Norte, donde se aprobó en un referendo una enmienda a la Constitución estatal que prohíbe el matrimonio entre homosexuales.

Ambos hombres han pedido al tribunal de la más alta instancia que revise las decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración que afirmaron las decisiones de jueces que negaron sus pedidos de asilo.

EE.UU., Justicia- El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos decidirá mañana si se ocupa de los pedidos de asilo de un salvadoreño y un hondureño, quienes alegan que han huido de las pandillas en sus países y estarán en peligro si son deportados.

Ambos hombres han pedido al tribunal de la más alta instancia que revise las decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración que afirmaron las decisiones de jueces que negaron sus pedidos de asilo.

Y en ambos casos lo que está en juego es la definición de un “grupo social particular” sobre la cual se determinan los casos que merecen asilo en Estados Unidos. La decisión del Tribunal Supremo podría conocerse el lunes próximo.

Oscar Alexander Granados Gaitán, oriundo de El Salvador, ingresó en Estados Unidos en abril 2002 escapando, según argumenta, del reclutamiento de la Mara Salvatrucha, una pandilla que opera en América Central y en ciudades estadounidenses y es conocida también como “MS-13″.

Aproximadamente dos años antes, cuando Gaitán tenía 12 años de edad, miembros de la MS-13 intentaron incorporarlo a su banda y el adolescente rechazó la gestión y las repetidas invitaciones y presiones de los pandilleros.

Aunque Gaitán nunca sufrió daño físico en estos encuentros, los miembros de la pandilla sí amenazaron con herirlo y dañar a su familia si no se unía a la “mara”.

El 10 de agosto de 2007 el Departamento de Seguridad Nacional inició los tramites para deportar a Gaitán, pero sus abogados pidieron asilo bajo los términos de la Convención contra la Tortura, alegando que el salvadoreño era miembro de “un grupo social particular” de varones jóvenes amenazados por las pandillas.

Por su parte Edwin José Veláquez Otero, nacido en Honduras en 1990, alega que ingresó sin documentación a Estados Unidos en 2006 después que sufrió varias palizas a manos de pandilleros en su país porque se negó a incorporarse a las bandas.

Velásquez, al igual que Gaitán, alega que es miembro de un grupo social particular y debería otorgársele asilo.

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad un extranjero puede calificar para que se le considere como “refugiado” y por lo tanto elegible para recibir asilo, si no quiere o no puede retornar a su país de origen “debido a un temor bien fundamentado de persecución debido a que es miembro de un grupo social particular”.

Quienes piden asilo bajo esos términos deben demostrar que su grupo posee “visibilidad social” y “particularidad”, pero en definitiva la determinación depende del criterio de las autoridades de inmigración.

Para sustentar su pedido Gaitán dio testimonio ante las autoridades sobre su experiencia en El Salvador y los esfuerzos de las pandillas para reclutarlo.

Gaitán presentó, además, documentos escritos que se refieren a las dificultades que enfrentan en El Salvador los jóvenes que se resisten a la coerción de las “maras”.

El caso del hondureño Velásquez es un poco diferente: el Gobierno presentó en 2006 ante un juez de inmigración un documento del Departamento de Estado según el cual, debido a sus recursos limitados, las autoridades policiales de Honduras encaraban un reto difícil de las pandillas pero que el combate contra ellas era prioritario.

Según ese documento la violencia de las pandillas era, principalmente, un problema urbano y, aunque el reclutamiento se enfocaba en los varones de 13 a 20 años de edad, la incorporación era mayormente voluntaria, y los esfuerzos de enrolamiento eran raros afuera de las prisiones.

Velásquez alegó que si lo deportaban a Honduras estaría allá desamparado y sin apoyo familiar.

El juez incluso aceptó el argumento de que Velásquez podría ser atacado por las pandillas porque no tendría hogar y porque las ropas y otros efectos que hubiera adquirido durante su estancia en EE.UU. harían que los pandilleros creyeran que era un hombre rico.

Noticias de Estados Unidos

Noticias de Nueva York

El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha recuperado posiciones en la batalla electoral con el aval del Tribunal Supremo a su reforma sanitaria en un mes que comenzó mal para él, mientras el republicano Mitt Romney confía en que su promesa de anular esa ley movilice a los votantes conservadores.

Miriam Burgués

Washington.- El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha recuperado posiciones en la batalla electoral con el aval del Tribunal Supremo a su reforma sanitaria en un mes que comenzó mal para él, mientras el republicano Mitt Romney confía en que su promesa de anular esa ley movilice a los votantes conservadores.

“Los ganadores celebran, los perdedores se movilizan”, resumió William Galston, analista de la Brookings Institution, en el diario The Washington Post.

La prensa estadounidense coincide en sus titulares y editoriales de hoy en que la decisión del Supremo, que este jueves declaró constitucional la reforma sanitaria promulgada por Obama en 2010, es una gran victoria para el presidente y un espaldarazo a su campaña para lograr la reelección el 6 de noviembre.

Pero esos mismos editoriales destacan también que el fallo del Supremo puede ser un arma de doble filo que anime a acudir a las urnas a los votantes conservadores y a algunos independientes con el objetivo de llevar a la Casa Blanca a Romney, que ha prometido revocar la reforma de Obama.

El mes de junio comenzó mal para Obama con desalentadores datos económicos y acusaciones, negadas por la Casa Blanca, de filtraciones deliberadas de información secreta a la prensa con fines políticos.

Además, se conoció que Romney, que será nombrado candidato presidencial republicano en la convención de su partido en agosto en Florida, consiguió en mayo casi 77 millones de dólares para su campaña, 17 millones más que Obama.

Los republicanos confiaban en que el Supremo invalidara la reforma sanitaria del presidente, en particular su cláusula más polémica, la que establece la obligatoriedad del seguro médico para todos los estadounidenses.

Pero la semana empezó bien para Obama, ya que el lunes el Supremo emitió otro esperado dictamen, el relativo a la ley de inmigración de Arizona, y anuló tres de sus cuatro disposiciones más controvertidas.

No obstante, el Supremo dejó en pide la cláusula más polémica de la ley, rechazada por el Gobierno de Obama y que permite a las fuerzas del orden en Arizona pedir los “papeles” si se tiene la “sospecha razonable” de que alguien es un indocumentado.

La sensación de triunfo se completó con el fallo favorable a la reforma sanitaria, que dejó en segundo plano la censura por desacato aprobada horas después en la Cámara de Representantes contra el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, una medida sin precedentes en la historia del país.

La decisión del Supremo le da ahora a Obama una nueva oportunidad de “vender” su reforma y de poner el énfasis en los avances logrados a través de ella.

Pero, al mismo tiempo, Romney y los republicanos prometen intensificar sus esfuerzos para “revocar y reemplazar” la “ObamaCare”, como la llaman sus detractores.

“Si queremos deshacernos de la ‘Obamacare’, tenemos que deshacernos del presidente Obama”, dijo el jueves Romney.

El exgobernador de Massachusetts recaudó 2,5 millones de dólares de 24.000 donantes en respuesta al fallo del Supremo favorable a la reforma sanitaria, según su campaña.

Su web oficial aparece ahora plagada de mensajes que animan a donar para anular la “ObamaCare” y dar paso a una “verdadera reforma” del sistema de salud.

Los republicanos insisten en que la financiación de la reforma de Obama, que entrará en vigor en 2014 aunque algunos de sus programas ya están en marcha, supondrá un “enorme” aumento de impuestos para los estadounidenses y un incremento del déficit público.

Esos argumentos, unidos al de que la obligatoriedad del seguro médico es una “expansión inaceptable” del poder del Gobierno federal, calan bien entre los votantes conservadores y especialmente entre el movimiento derechista Tea Party.

El Supremo resolvió las cuestiones estrictamente jurídicas de la reforma, pero no las divisiones políticas que suscita en un ambiente “cada vez más polarizado”, a juicio del politólogo Merle Black, de la Universidad de Emory.

En última instancia, Obama y Romney son cada día más conscientes de que será la evolución de la situación económica la que determinará el resultado de noviembre.

Si Romney reiteró ayer que el presidente es un “destructor” de empleos, Obama instó a finalizar el debate sobre la reforma sanitaria para concentrarse en el reto “más urgente” del momento: “poner a los estadounidenses de nuevo a trabajar”.

El exsenador republicano por Arizona Russell Pearce (c) sale del Tribunal Supremo en Washington DC

María Peña

Washington.- El Gobierno de EE.UU. encontró hoy dificultades para defender ante el Tribunal Supremo sus argumentos en contra de la polémica ley de inmigración de Arizona, que fueron cuestionados por los jueces más conservadores.

La máxima instancia judicial del país celebró hoy una audiencia sobre este caso, en el que se dirime si es o no constitucional la ley conocida como SB1070, que convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese estado.

Aunque la audiencia repasó las cuatro cláusulas que han sido bloqueadas por los tribunales de menor instancia, los jueces centraron su atención en la que permite que la policía verifique el estatus migratorio de toda persona que sea detenida por alguna otra infracción y sobre la que albergue una “sospecha razonable” de que es indocumentada.

El abogado del Gobierno de Obama ante el Supremo, Donald Virilli, argumentó que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Pero la mayoría de los jueces conservadores, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Antonin Scalia, mostraron cercanía con la posición de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal y deja en sus manos las deportaciones.

Para Roberts, la oposición del Gobierno de Washington a la SB1070 puede indicar que “simplemente no quiere saber quién está acá ilegalmente o no”.

“¿El estado no tiene poder de cerrar sus fronteras a gente que no tiene derecho de estar allí? ¿Qué significa la soberanía, si no puedes defender tus fronteras?… un estado puede vigilar sus fronteras” según reconoce la Constitución, argumentó Scalia.

La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en el Supremo, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que Virilli no había logrado persuadirlos.

El argumento del Gobierno “no está vendido bien”, observó Sotomayor.

Por su lado, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.

Pero Verilli argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no sólo puede conducir a encarcelamientos masivos, sino que puede afectar las relaciones bilaterales con México.

Señaló que entre el 60 % y el 70 % de las personas deportadas de EE.UU. lo son a México, país con el que el Gobierno estadounidense busca una estrecha cooperación.

“¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?”, preguntó entonces de manera retórica Scalia, en uno de sus intercambios con Verilli.

En su dictamen el Supremo puede reafirmar la ley, revocarla o dejar en pie sólo algunas de sus partes.

Sólo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la juez Elena Kagan se apartó en diciembre pasado del caso porque cuando era abogada del Gobierno ante el Tribunal Supremo tuvo vinculación con la SB1070.

Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso y no descartó que la ley estatal abra la puerta al encarcelamiento masivo de los cerca de 400.000 indocumentados que se calcula viven en su estado.

Además de Brewer, la audiencia contó con la asistencia de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el autor de la SB1070 y ahora exsenador estatal republicano, Russell Pearce, y Kris Kobach, artífice de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del precandidato presidencial republicano Mitt Romney.

En paralelo, miles de activistas a lo largo de la zona de la frontera sur de EE.UU. y también en las escalinatas del edificio del tribunal en Washington realizaron vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley.

Partidarios de la SB1070 también se manifestaron frente al Tribunal Supremo, aunque eran menos que los movilizados para pedir que se acabe con ella.

Como parte de una “guerra de desgaste” contra los indocumentados, la SB1070 ha servido de modelo para leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, que también afrontan demandas y han sido bloqueadas.

Se prevé que el Tribunal Supremo emita su dictamen hacia finales de junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección.

En paralelo, grupos a favor y en contra se manifiestan hoy en las gradas del Supremo en Washington, así como en las calles de Phoenix, capital del estado de Arizona.

Washington.- El cardenal católico y arzobispo retirado de Los Ángeles Roger Mahony pidió hoy al presidente Barack Obama y al virtual candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, una reforma migratoria a nivel federal que evite polémicas leyes como la de Arizona.

Desde la escalinata del Tribunal Supremo, donde hoy la corte suprema de EE.UU. examina la constitucionalidad de la ley SB1070, el cardenal aseguró que la reforma es “desesperadamente necesaria”.

“Estamos aquí porque vemos a nuestros hermanos de una manera diferente”, dijo Mahony, muy involucrado desde hace años en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

“Estamos muy preocupados por las consecuencias que esta ley puede tener para las familias, que sean separadas, que se rompa el núcleo familiar”, manifestó durante una conferencia de prensa al aire libre, rodeado de otros líderes civiles y religiosos contrarios a la ley de Arizona.

“No sabemos si los niños volverán a casa de las escuelas ni si sus madres podrán estar ahí esperándolos”, dijo.

“Una reforma migratoria a nivel federal es desesperadamente necesaria. Llamamos a Obama y al candidato republicano a la presidencia para que nos den soluciones y nos muestren un camino por el que salir adelante. Solos y separados no podemos construir este país”, insistió.

El Tribunal Supremo de EE.UU. estudia hoy en una audiencia la constitucionalidad de la ley SB1070 contra la población indocumentada en Arizona, en unos momentos en que la inmigración se perfila como un tema clave en la contienda electoral.

En paralelo, grupos a favor y en contra se manifiestan hoy en las gradas del Supremo en Washington, así como en las calles de Phoenix, capital del estado de Arizona.

Entre los elementos más polémicos, la SB1070 permite que la Policía pueda pedir los “papeles” y detener a toda persona que cometa alguna infracción, por pequeña que sea, y de la que tenga una “razonable sospecha” de que está residiendo en el país ilegalmente.

El meollo jurídico del caso gira en torno a si el gobierno de Arizona se extralimitó al usurpar los poderes del Gobierno de EE.UU. para establecer y hacer cumplir las leyes de inmigración federales.

Durante la manifestación de esta mañana, otro representante de los adversarios de la ley, Danny Ortega, abogado de Arizona y expresidente del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), denunció el peligro de “criminalización” que supone la SB1070.

“Estamos hablando de una cuestión de derechos civiles”, aseguró durante la rueda de prensa.

En el que caso de que el Supremo no considere la ley inconstitucional “existe otro lugar, aquí, cruzando la calle, donde seguiremos luchando”, destacó Ortega, en alusión al Capitolio, sede del Legislativo estadounidense.

“Tenemos que presionar a nuestros gobernantes para que cambien las leyes migratorias a nivel federal, necesitamos unas leyes que contribuyan a la democracia de este país”, enfatizó.

Por su parte, Georgina Sánchez, madre latina de Arizona que decidió manifestarse hoy en Washington, explicó que venía a la capital “a pedir a Dios que haga justicia y que no permita que nos separen de nuestros hijos”.

“Vivimos cada día con el miedo a que nos separen de ellos desde que la gobernadora (Jan Brewer, republicana) firmó esta ley en 2010. Tenemos miedo a que nuestros hijos lleguen a casa y encuentren que su padre no ha vuelto del trabajo”.

A primera hora, decenas de personas se congregaban ante el Tribunal para protestar contra la ley.

Frente a ellos, otra decena apoyaba la legislación con pancartas con lemas como “No queremos pagar con nuestros impuestos a inmigrantes ilegales” o “Gracias, Dios, por darnos la SB1070″.

María Peña

Doctores y enfermeros se unen a activistas que apoyan la reforma sanitaria que se manifiestan en el exterior del edificio del Tribunal Supremo de EEUU en Washington.

Washington.- El Tribunal Supremo de EE.UU. inició hoy una histórica vista de tres días sobre la legalidad y el futuro rumbo de la reforma sanitaria de 2010, uno de los triunfos políticos del presidente Barack Obama y que los republicanos prometen anular si ganan la Presidencia en noviembre próximo.

A lo largo de seis horas de argumentos orales, repartidas entre hoy y el miércoles, los nueve magistrados examinarán cuatro asuntos fundamentales sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria, que busca garantizar la cobertura médica universal para 50 millones de personas sin seguro de salud.

El primer día estuvo marcado por un denso debate legal sobre la multa que tendrían que pagar quienes no cumplan la obligación de estar cubiertos por un seguro médico para 2014.

Si los jueces, por ahora divididos sobre el tema, determinan que esa multa es un “impuesto”, no podrían avanzar en su revisión constitucional de la reforma sanitaria hasta en 2015, cuando se tendrían que pagar las primeras penalizaciones.

Eso se debe a que una ley federal que data de 1867, conocida como “Tax Anti-Injunction Act”, prohíbe procesos legales sobre la justificación de un impuesto hasta que éste haya sido pagado.

La juez Ruth Bader Ginsburg consideró que el caso de hoy ante el Supremo tiene que ver con la obligatoriedad del seguro médico, que es algo “distinto al de una multa tributaria”.

Pero el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, opinó que la multa es en efecto un impuesto porque, a su juicio, es lo que sustancia esa cláusula de la reforma.

Se prevé que mañana la corte se centre en la constitucionalidad del seguro médico obligatorio y si el Gobierno tiene potestad para exigir la compra de determinados servicios, aunque estos tengan que ver con el acceso a la sanidad.

El miércoles, la corte estudiará el futuro rumbo de la reforma sanitaria en el supuesto de que declaren que el seguro médico obligatorio -eje de la reforma- es anticonstitucional.

También estudiarán si el Gobierno federal puede obligar a los gobiernos estatales a absorber más gastos del programa “Medicaid” para gente pobre, o arriesgarse a perder fondos federales.

Mientras se desarrollaba la sesión, frente al Supremo, centenares de médicos y enfermeros, líderes sindicalistas, religiosos, y activistas de varios estados protagonizaron una protesta a favor de la reforma sanitaria, por considerar que el cuidado de salud “es un derecho humano”.

“He venido desde Miami porque mis pacientes necesitan seguro médico y esta reforma se los garantiza. Las compañías no podrán negar cobertura a personas con problemas pre-existentes…cualquiera se puede enfermar y esta ley nos protege a todos”, dijo Norberto Molina, un enfermero del Hospital Jackson Memorial de Miami (Florida).

Un grupo más pequeño del movimiento conservador “Tea Party”, intervino con consignas en contra de la ley sanitaria, a la que despectivamente llaman “Obamacare”, alegando que ésta atropella las libertades individuales y encarece los costos de salud.

“Los votantes ya han declarado Obamacare culpable de aumentar los costos de cuidado de salud, de expandir (el papel de) el Gobierno, recortar el programa de Medicare (para ancianos y jubilados) y de socavar la Constitución”, dijo en un comunicado el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus.

Grupos en ambos bandos de la polémica realizan sendas campañas mediáticas y han presentado ante la máxima corte 136 documentos para reforzar sus posiciones.

El fallo judicial, que se espera para junio próximo sobre parte o la totalidad de la reforma sanitaria, esclarecerá la potestad del Congreso para regular competencias estatales y dejará huella en este año electoral, en el que Obama se juega en noviembre la reelección.

La reforma sanitaria, que llegó ante el Supremo a raíz de una demanda entablada por 26 estados en su contra, es el mayor logro en política interna de Obama.

Desde las gradas del tribunal, el aspirante republicano, Rick Santorum, dijo que su rival más cercano en la carrera por la candidatura presidencial, Mitt Romney, es el menos indicado para rebatir la reforma porque él apoyó un sistema similar cuando gobernó en Massachusetts.

“Solo hay un candidato que tiene posibilidades de lograr la candidatura republicana y que puede convertir esto en un asunto que nos permita recuperar la Presidencia, y ese es Rick Santorum”, argumentó el exsenador de Pensilvania.