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El Tribunal Supremo de EEUU se pronunciará hoy sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, que podría quedar desautorizada en puntos esenciales o seguir adelante para dar cobertura desde 2014 a 50 millones de estadounidense sin seguro médico.

Washington.- El Tribunal Supremo de EEUU se pronunciará hoy sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, que podría quedar desautorizada en puntos esenciales o seguir adelante para dar cobertura desde 2014 a 50 millones de estadounidense sin seguro médico.

Tras apurar los plazos, la máxima instancia judicial del país presentará hoy su dictamen sobre los puntos más polémicos de la ambiciosa reforma sanitaria de Obama y su mayor logro social desde que entró en vigor de manera parcial en 2010.

La reforma obliga a los estadounidenses a contratar a partir de 2014 un seguro médico, algo que abarataría un sistema que no provee sanidad pública a todos sus ciudadanos pero cuyos hospitales están obligados a atender a todo el mundo aunque no dispongan de algún tipo de cobertura.

El conocido como “mandato individual” de la ley corre el riesgo de quedar invalidado, empañar la esencia de la reforma de Obama y complicar su viabilidad.

El Supremo podría optar también por dejar para el futuro decisiones sobre partes técnicas y rechazar tan sólo parcialmente algunos aspectos, con lo que la Casa Blanca podría maniobrar para seguir manteniendo en práctica las cláusulas más importantes y esgrimir su logro social de cara a las elecciones de noviembre.

Otra de las disposiciones clave de la reforma sanitaria, que lleva parcialmente en vigor dos años y que ya ofrece cobertura sanitaria a más de tres millones de personas, es la que exige a los estados ampliar la cobertura pública de Medicaid para los más necesitados.

Los republicanos se han declarado enemigos de la totalidad de la reforma sanitaria de Obama, pese a que el virtual candidato presidencial de ese partido, Mitt Romney, aprobó una ley muy similar cuando era gobernador de Massachusetts.

Los nueve jueces del Supremo han tenido que revisar las casi 3.000 páginas de este complejo caso y ya en abril, cuando escucharon los argumentos orales de las partes, se mostraron divididos, algo que deja abierta la posibilidad a cualquier tipo de resultado.

A falta de dos días para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria, el presidente Barack Obama hizo hoy una ferviente defensa de su plan en un acto de campaña en Atlanta.

Washington.- A falta de dos días para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria, el presidente Barack Obama hizo hoy una ferviente defensa de su plan en un acto de campaña en Atlanta.

“El pueblo estadounidense entiende que no vamos a ir hacia atrás. Tenemos que ir hacia adelante. Entiende que no tenemos que volver a luchar la batalla sobre la reforma sanitaria. Es lo que hay que hacer”, aseguró el presidente.

Obama hizo referencia en su discurso a los tres millones de jóvenes que, según los últimos datos, se han visto beneficiados por la reforma aprobada en 2010.

“Es lo que hay que hacer para que las personas mayores accedan a descuentos en los medicamentos recetados. Es lo que hay que hacer para darle seguro médico a 30 millones de estadounidenses que no lo tenían antes. Ellos quieren seguir adelante. Ellos entienden que es lo que hay que hacer. Que es lo correcto”, insistió Obama.

La reforma sanitaria es una medida sin precedentes en Estados Unidos y ha generado fuertes críticas del probable candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney.

Precisamente hoy, el exgobernador de Massachusetts aprovechó un acto con votantes en una fábrica de maquinaria a las afueras de Virginia para atacar la reforma sanitaria de Obama, al que acusó de centrarse en “su ‘Obamacare’”, en vez de hacerlo en el “gran asunto”, que a su juicio es el estado de la economía en EE.UU.

El aspirante señaló que, si el Tribunal Supremo determina que la ley es inconstitucional, los tres primeros años y medio de Obama habrán sido “un desperdicio” y si continúa adelante prometió detenerla “algún día”.

Las críticas a la ley de salud se han convertido en otro de los pilares de la agenda de Romney -junto con la economía- y su equipo ha lanzado una campaña de televisión en la que subraya que su derogación será una prioridad en los primeros 100 días de mandato si llega a la Casa Blanca.

La compleja revisión de la reforma sanitaria, que en dos años ha conseguido incluir a millones de personas dentro de coberturas, está pendiente de que la más alta instancia de la Justicia estadounidense decida sobre la constitucionalidad de puntos clave, como la obligatoriedad de contratar un seguro médico.

El Supremo podría rechazar dos puntos claves de la reforma: el llamado “mandato individual”, que obliga a tener cobertura de salud o exponerse a ser multado, y la potestad del Gobierno federal para que los estados amplíen las coberturas públicas Medicaid.

La decisión marcará un antes y un después en la campaña electoral de cara a los comicios del próximo noviembre.

El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró hoy inconstitucionales, por 5 votos contra 4, las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para jóvenes menores de edad condenados por participar en un asesinato.

Washington.- El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró hoy inconstitucionales, por 5 votos contra 4, las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para jóvenes menores de edad condenados por participar en un asesinato.

El alto tribunal argumentó en su fallo que “los niños son fundamentalmente diferentes de los adultos a los efectos de una sentencia”.

Los magistrados se refirieron a la octava enmienda de la Constitución de EE.UU., en la que “se prohíben las sanciones excesivas” y se establece que el castigo debe “ser gradual y proporcionado”.

La decisión judicial responde a los casos de Evan Miller y Kuntrell Jackson, condenados a cadena perpetua sin posibilidad de fianza por dos casos de robo y asesinato en Alabama y Arkansas cuando ambos tenían 14 años de edad.

Aunque en 38 estados de los 50 del país se permite la condena de por vida a menores, los abogados de Miller y Jackson destacaron que apenas 79 reos menores cumplen condena de este tipo en EE.UU.

La gente forma una cola ante el Tribunal Supremo de EEUU para poder asistir as la sesión de argumentos orales que los magistrados escucharán a favor y en contra de la ley SB1070 que afecta la población indocumentada en Arizona, en unos momentos en que la inmigración se perfila como un tema nacional en la contienda electoral

Washington.- El Tribunal Supremo de EE.UU. estudiará hoy en una audiencia la constitucionalidad de la ley SB1070 contra la población indocumentada en Arizona, en unos momentos en que la inmigración se perfila como un tema en la contienda electoral.

En paralelo, grupos a favor y en contra prevén realizar sendas manifestaciones en las gradas del Tribunal Supremo en Washington, así como en las calles de Phoenix, capital del estado de Arizona.

Entre sus elementos más polémicos, la SB1070 permite que la policía pueda pedir los “papeles” y detener a toda persona que cometa alguna otra infracción y de la que sospeche que es indocumentada.

El meollo del caso gira en torno a si el gobierno de Arizona se extralimitó al usurpar los poderes del Gobierno de Washington para hacer cumplir las leyes de inmigración federales.

El martes, durante una audiencia, el senador demócrata Charles Schumer anunció que si el Tribunal Supremo reafirma la SB1070, él presentará un proyecto de ley que prohibirá que los gobiernos estatales adopten sus propias leyes de inmigración.

La SB1070 fue promulgada por la gobernadora republicana, Jan Brewer, el 23 de abril de 2010 y entró en vigor a finales de julio de ese año, aunque descafeinada después de que la juez federal Susan Bolton bloquease los aspectos más polémicos de la ley.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo después de que Brewer impugnara la decisión del noveno tribunal de apelaciones, que a su vez reafirmó el fallo de Bolton.

Del total de nueve magistrados del Supremo, sólo la juez Elena Kagan se recusó del caso por su vínculo con éste cuando era la abogada del Gobierno federal ante la máxima corte.

Los partidarios de la SB1070, la mayoría de ellos grupos conservadores, aseguran que ésta refleja la frustración ante la presunta débil respuesta del Gobierno federal a la presencia de unos once millones de indocumentados en Estados Unidos.

Pero sus detractores, incluyendo la mayoría de los demócratas en el Congreso, defensores de los derechos de los inmigrantes, organizaciones cívicas y religiosas, aseguran que la ley no sólo viola la Constitución sino que facilita la discriminación de personas que luzcan o suenen como extranjeros.

Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, ha dicho que, aparte de los argumentos legales, la SB1070 pone sobre el tapete el futuro rumbo de EE.UU. como nación de inmigrantes.

“La idea de que todos los hombres y mujeres son iguales es algo particular de EE.UU.. Una vez que permitimos que la policía le pida identificación a alguien porque parece menos igual, esa idea se debilita… el Tribunal Supremo debe revocar la ley migratoria de Arizona porque es inconstitucional”, dijo Noorani.

El fallo del Supremo, previsiblemente a finales de junio próximo, tendrá repercusiones no sólo sobre las normas que rigen la vida de los inmigrantes sino también en las leyes que copiaron el modelo de Arizona en estados como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

Además, tendrá sin duda un impacto en la contienda electoral de este año, en la que el presidente de EE.UU., Barack Obama, buscará la reelección.

Obama ganó la presidencia en 2008 en parte por el apoyo de los votantes hispanos y su promesa de reformar el sistema de inmigración y, en días recientes, ha dicho que impulsará la reforma en el primer año de un segundo mandato.

Durante el proceso de primarias y para ganarse el apoyo de los conservadores en su partido, el precandidato presidencial republicano, Mitt Romney, ha apoyado leyes como la SB1070 pero, ávido del voto hispano, en los últimos días ha dado señales de buscar un acercamiento con esta minoría.