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Argentina: recuperación de su principal empresa petrolera                                           

Repsol-Y.P.F.

Karina Borodnikoff

Por su parte, la Presidenta de los argentinos explicó que: “Proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos, ya que somos el tercer país en el mundo -según la agencia de petróleo de los Estados Unidos- luego de China y EEUU en tener gas", "…es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo".

En las próximas horas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto que  permitirá la expropiación del 51 % de Y.P.F., principal petrolera de la Argentina.

Esta decisión es un claro intento por reforzar la soberanía nacional y da un lugar preponderante a las provincias, institucionalizando la unión con la Nación a través de la participación accionaria y bajo la implementación de una norma que establece la creación de un Consejo Federal de Hidrocarburos. En él participarán Ministerios claves como el de Economía, de Planificación, de Trabajo y de Industria.

El proyecto propone que Y.P.F. siga operando como sociedad anónima, luego de haber desafectado de sus cargos a los Directores, intervención mediante, siendo reemplazados por hombres de confianza del gobierno argentino; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

El Articulo 128 de la Constitución establece que: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Lo que llama poderosamente la atención o, por lo menos, deja en evidencia la doble moral del gobierno español y sus colaboradores en todas las áreas (medios de comunicación incluidos), que han salido al cruce y condenado la decisión de la Argentina en su intento de recuperar su principal compañía petrolera es que el Artículo 128 citado en el párrafo anterior corresponde a la Constitución española. (No a la argentina como seguramente muchos habrán prejuzgado, puesto que defiende en su Constitución lo mismo que condena en el accionar argentino).

No hay dudas de que España no encuentra inconvenientes y se siente (curiosamente) con derecho para cuestionar y amenazar con serias represalias frente a un hecho que sí admite hacia el interior de su país, que defienden y plasman en su propia Carta Magna. La ética y la soberanía son importantes, claro, mientras no compitan con intereses económicos, los propios.

El “enojo español” estuvo a cargo del canciller Jorge García Margallo y el ministro de Industria, José Manuel Soria, quienes oficializaron el desacuerdo del gobierno español, (desacuerdo: léase furia) luego del anuncio, televisado, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, momento en el que comunicaba la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF, propiedad de Repsol.

“Condenamos con absoluta energía la arbitraria decisión de la Argentina de expropiar las acciones. Esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que históricamente ha tenido las relaciones”. Así plasmó sus primeras palabras el canciller García Margallo, en una conferencia de prensa que realizó el gobierno de Mariano Rajoy, comunicando la inmediata toma de acciones, juicios y represalias.

Un clima de “cordialidad y amistad” que es fácil de sostener cuando todas las condiciones están dadas para su beneficio.

Por su parte, la Presidenta de los argentinos explicó que: “Proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos, ya que somos el tercer país en el mundo -según la agencia de petróleo de los Estados Unidos- luego de China y EEUU en tener gas”, “…es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo”.

El proyecto presentado por la Argentina encuentra su eje en la importante necesidad de lograr la soberanía hidrocarburífera, la cual solo es posible mediante el control de Y.P.F. La quejas españolas pierden más fuerza y legitimidad al poner de manifiesto el artículo 5º del tratado bilateral de inversión que los españoles firmaron en 1992, en donde se detalla que cualquier expropiación podrá llevarse adelante “exclusivamente por causas de utilidad pública”.