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La mandataria republicana indicó, además, que los "soñadores" tampoco serán elegibles para obtener ningún tipo de beneficio público.

Phoenix .- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó una orden ejecutiva para evitar que jóvenes indocumentados que apliquen al programa de acción diferida puedan obtener licencias de conducir o identificaciones oficiales del estado.

El anuncio de Brewer se realizó el mismo día que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por su siglas en inglés) comenzó a aceptar solicitudes de miles de jóvenes indocumentados que llegaron antes de cumplir los 16 años a este país.

Brewer indicó que, aunque bajo este programa los jóvenes indocumentados también conocidos como “soñadores” serán elegibles para obtener un permiso de trabajo esto no les otorga un estatus de “residencia legal” dentro de Estados Unidos.

Este estatus es un requisito que bajo la ley estatal de Arizona deben de cumplir todos los solicitantes de una licencia de conducir o una identificación oficial del estado.

La mandataria republicana indicó, además, que los “soñadores” tampoco serán elegibles para obtener ningún tipo de beneficio público.

En la orden ejecutiva, Brewer indicó que cualquier agencia estatal que proporcione beneficios públicos debe de hacer los cambios necesarios para prevenir que aquellos que obtengan la acción diferida reciban este tipo de ayuda.

La gobernadora dijo que la posibilidad de que aproximadamente 80.000 personas en Arizona puedan ser elegibles para la acción diferida “significa un fuerte impacto al presupuesto de Arizona, su sistema de salud y beneficios públicos adicionales que reciben fondos de los contribuyentes”.

Más de un millón de estudiantes indocumentados en EE.UU., la mayoría de México y del resto de América Latina, podrán inscribirse desde hoy en un programa temporal que les protege de la deportación y les otorga permisos de trabajo.

El programa migratorio temporal responde a una directriz emitida por el presidente Barack Obama el pasado 15 de junio.

La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) reiteró hoy que la directriz, conocida como “acción diferida”, no ofrece estatus legal alguno o una vía hacia la residencia permanente o ciudadanía pero los estudiantes que se acojan al programa “no serán deportados de EE.UU. durante un período renovable de dos años, y pueden además solicitar un permiso de trabajo”.

Así, con el pago de 465 dólares, los estudiantes indocumentados podrán obtener un permiso de trabajo temporal y licencias de conducir sin temor a ser deportados.

Pero tendrán que demostrar con documentos válidos que tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz, entraron a EE.UU. cuando tenían menos de 16 años, llevan cinco años de residencia consecutiva y no tienen historial criminal.

Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso, a la vez que no descartó que la ley, si se mantiene en pie, abra la puerta al encarcelamiento masivo de los aproximadamente 400.000 indocumentados que se calcula viven en su estado.

Washington.- La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. cuestionó hoy los argumentos del Gobierno federal de que sólo él tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración, durante una audiencia sobre la constitucionalidad de la polémica ley SB1070 de Arizona.

Durante una audiencia, que duró casi hora y media, tanto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como el juez Antonin Scalia, ambos de corte conservador, parecieron apoyar la posición del Gobierno de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal.

La SB1070 convierte en delito penal, por primera vez, la presencia en un estado de inmigrantes indocumentados, y el meollo del caso gira en torno a si el gobierno de Arizona se extralimitó al usurpar los poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Para Roberts, la oposición del Gobierno de Barack Obama a la SB1070 pareciera indicar que “no quiere saber” dónde están los inmigrantes indocumentados.

“¿Qué busca el Gobierno, si no permite que los estados defiendan sus fronteras”, argumentó por su parte Scalia.

La jueza Sonia Sotomayor, la segunda mujer y única latina en el Supremo, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que el Gobierno federal “no estaba vendiendo bien” sus argumentos contrarios a la ley de ese estado.

A lo largo de su exposición, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar el problema de la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.

Frente a ello, el abogado del Gobierno federal ante el Tribunal Supremo, Donald Verilli, argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no sólo podría conducir a encarcelamientos masivos, sino que podría afectar a las relaciones bilaterales con México.

Señaló, a manera de ejemplo, que entre el 60 % y 70 % de las personas deportadas de Estados Unidos son deportadas a México, país con el que EE.UU. busca una estrecha cooperación.

“¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?”, preguntó de manera retórica Scalia, en uno de sus intercambios con Verilli.

Sólo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la jueza Elena Kagan se retiró en diciembre pasado del caso por su vínculo con el litigio de la SB1070 en su antiguo papel como abogada del Gobierno ante el Tribunal Supremo.

Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso, a la vez que no descartó que la ley, si se mantiene en pie, abra la puerta al encarcelamiento masivo de los aproximadamente 400.000 indocumentados que se calcula viven en su estado.

Además de Brewer, la concurrida audiencia contó con la asistencia de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el autor de la SB1070 y exsenador estatal republicano, Russell Pearce, y Kris Kobach, arquitecto de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del aspirante presidencial republicano Mitt Romney.

En paralelo a la primera y única audiencia de la SB1070 ante el Supremo, miles de activistas a lo largo de la zona de la frontera sur de EE.UU. y en las gradas del tribunal realizaron hoy vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley.

Militantes a favor de la SB1070 también se manifestaron frente al Tribunal Supremo.

La Administración Obama tiene ya ante el Tribunal Supremo el caso en el que defiende la reforma sanitaria y este caso en el que busca la revocación de la SB1070, ambas promulgadas en 2010 y que tendrán repercusión en el proceso electoral este año.

Se prevé que el Tribunal Supremo emita su dictamen sobre ambos casos para finales de junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se negó a dar su testimonio ante el Congreso argumentando que no lo consideraba correcto unas horas antes de que el máximo tribunal del país escuche el caso.

Phoenix.- Críticos y simpatizantes de la ley estatal SB1070, que criminaliza la inmigración ilegal en Arizona, darán mañana su testimonio en una audiencia en el Congreso, un día antes de que el Tribunal Supremo escuche argumentos sobre la controvertida norma para decidir su futuro.

La Corte Suprema escuchará el miércoles los argumentos relacionados con la demanda interpuesta por el Gobierno federal en contra de la SB1070 -aprobada en 2010 y que convirtió a Arizona en el epicentro del debate migratorio en EE.UU.- para decidir qué tanto poder tienen los estados para aplicar leyes migratorias.

Aunque la legislación entró en vigor en julio de 2010, actualmente varias de sus secciones se encuentran suspendidas por la orden de la juez federal en Arizona Susan Bolton, entre ellas, una que permitiría a las agencias del orden cuestionar el estatus migratorio de las personas que “sospechen” sean indocumentadas.

Previo a la sesión en el tribunal supremo, este martes el Congreso escuchará argumentos sobre la norma. Uno de los más esperados es el del principal impulsor de la SB1070 y exsenador estatal republicano de Arizona, Russell Pearce, quien hablará ante el Subcomité de Inmigración, Refugiados y Seguridad Fronteriza del Senado federal.

En su blog, Pearce ha explicado que presentó la SB1070 con dos propósitos: aliviar los problemas creados por el fracaso del Gobierno federal para asegurar la frontera e iniciar una conversación sobre el problema que eventualmente llevara al Gobierno federal a tomar una acción.

Críticos de la ley, como el senador estatal demócrata de Arizona Steve Gallardo, que también dará mañana su testimonio durante la audiencia en el Congreso, dijo en un comunicado de prensa que esta legislación ha “dañado” la imagen de ese estado fronterizo con México y ha afectado directamente a ciudadanos hispanos.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se negó a dar su testimonio ante el Congreso argumentando que no lo consideraba correcto unas horas antes de que el máximo tribunal del país escuche el caso.

En tanto, el miércoles, los abogados de ambas partes presentarán sus argumentos ante los jueces del Supremo.

Karen Tumlin, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo en marzo pasado que existen tres posibles escenarios: que los jueces mantengan la suspensión de ciertas cláusulas de la ley, que fallen a favor del estado de Arizona o que la decisión sea mixta.

Mientras tanto, en Arizona se llevarán a cabo en los próximos días varios eventos para protestar en contra de la SB1070.

La gobernadora de Arizona Jan Brewer aplaudió el anuncio del Tribunal Supremo

Corte Supremo decidirá sobre constitucionalidad de la ley de inmigración de Arizona

Washington.- El Tribunal Supremo de EE.UU. anunció que estudiará la constitucionalidad de la polémica ley SB1070 de Arizona que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en ese estado, algo que afectará también a leyes similares en otros estados del sur del país con fuerte presencia hispana.

La máxima Corte de Estados Unidos indicó que estudiará los argumentos del Gobierno de Arizona contra un dictamen emitido el año pasado por la jueza Susan Bolton de la novena corte federal de apelaciones, que bloqueó las partes más polémicas de la ley SB1070, en respuesta a una demanda entablada por el Departamento de Justicia.

La jueza Elena Kagan se ha apartado del proceso de revisión de la SB1070.

Eso significa que la decisión definitiva sobre la SB1070 recaerá sobre ocho de los nueve magistrados del Tribunal Supremo, que deberán pronunciarse sobre esa ley antes de que concluya su sesión actual previsiblemente en junio de 2012.

La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, promulgó la SB1070 el 23 de abril de 2010, y esta debió entrar en vigor el 29 de julio del año pasado.

Uno de los cuatro puntos polémicos de la ley, suspendido de momento, autoriza a la policía local o estatal a pedir “los papeles” a quienes detenga por cualquier otra infracción y de quienes sospeche que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal.

La ley autorizaba a detenerlos de forma indefinida mientras se averigua su estatus migratorio.

También ha quedado suspendido por ahora el apartado de la ley que considera delito no portar los papeles de residencia permanente, y el que permitía a la policía arrestar sin mandato judicial a personas que sospeche hayan cometido algún delito motivo de deportación.

Bolton también bloqueó la cláusula que criminaliza a los inmigrantes indocumentados solo por solicitar o realizar trabajos en el estado.

En agosto pasado, Brewer acudió ante el Tribunal Supremo para impugnar el dictamen de Bolton, por considerar que el Gobierno de Arizona no tuvo más remedio que poner en marcha la SB1070 por la presunta inacción del Gobierno federal contra la inmigración ilegal.

Brewer reiteró el mes pasado que se trata de un asunto nacional “apremiante” y que el Gobierno federal “ha hecho la vista gorda ante los costos humanos y financieros de la inmigración ilegal”.

La gobernadora de Arizona aplaudió el anuncio del Tribunal Supremo y expresó su confianza en que este terminará “respaldando la autoridad constitucional y la obligación de Arizona de proteger la seguridad y bienestar de sus ciudadanos”.

En el centro de la compleja disputa legal están precisamente los argumentos de la Administración (del presidente Barack) Obama de que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración en el país y que la SB1070 interfiere con esa labor.

El Tribunal Supremo tendrá la opción de anular el dictamen de la juez Bolton, con lo que la SB1070 entraría en vigor en su totalidad, o podría permitir la puesta en marcha de algunos de sus elementos.

El fallo final sobre la SB1070 será emitido en plena contienda por la Presidencia de EE.UU. y en unos momentos en que el problema de la inmigración ilegal se perfila como uno de los más candentes de este ciclo electoral.

Del rumbo que tome el Tribunal Supremo sobre la SB1070 dependerá el futuro de las leyes similares aprobadas en otros estados como Alabama, Georgia, Utah y Carolina del Sur, que también afrontan demandas del Departamento de Justicia y de una amplia coalición de grupos cívicos y religiosos de todo el país.