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La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) activó hoy en la capital del país el programa "Comunidades seguras" y se encontró con la oposición frontal del Gobierno local.

Washington.- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) activó hoy en la capital del país el programa “Comunidades seguras” y se encontró con la oposición frontal del Gobierno local.

Con la incorporación del Distrito de Columbia, ya son 3.074 las jurisdicciones policiales de 50 estados y cinco territorios más donde funciona este programa que busca perseguir a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales, indicó hoy una portavoz de la agencia federal.

De este modo, la ciudad de Washington aplicará el uso compartido de huellas dactilares entre los cuerpos de policía y el ICE, tal y como hace desde sus inicios este programa federal.

“Estoy profundamente decepcionado de que el Gobierno Federal active el programa Comunidades Seguras en el Distrito de Columbia”, declaró el alcalde de la ciudad, Vicent Gray, horas antes de la entrada en vigor de la norma.

El alcalde y otros representantes locales quieren marcar un frente común para oponerse al programa federal y defender una fórmula legal con la que los agentes municipales de Policía puedan evitar facilitar información al ICE en caso de tratarse de delincuentes menores, según explicó a Efe un portavoz municipal.

El alcalde de la capital estadounidense considera que el programa federal “pone en peligro los lazos de confianza y, por lo tanto, crea un ambiente menos seguro para todos”, dijo en público.

Gray criticó al ICE por su decisión de “continuar con el programa a pesar de las fuertes protestas de las autoridades locales y oficiales electos en el Distrito”.

La oposición al programa está latente desde el pasado otoño en la ciudad.

El alcalde firmó entonces una orden ejecutiva, todavía en vigor, para que los agentes policiales del Distrito de Columbia no detengan a individuos sólo por su estatus migratorio.

El texto también prohíbe a las agencias del Distrito posibilitar entrevistas de inmigración a los detenidos sin una orden judicial.

Pese a las críticas municipales, el ICE asegura que este programa “ha cambiado profundamente” la política migratoria y ha aplicado “prioridades claras” para enfocarlo en la persecución de inmigrantes con cargos, según un comunicado remitido.

La agencia federal considera que el programa mantiene “un enfoque sostenido en la identificación y expulsión de extranjeros criminales y otros individuos prioritarios”.

El ICE cuantifica en 135.000 los criminales extranjeros expulsados del país que habían sido declarados culpables, incluyendo unos 49.000 condenados por graves delitos violentos como el asesinato, la violación y abuso sexual de menores.

Entidades proderechos humanos y de inmigrantes han considerado reiteradamente que esta herramienta debilita la seguridad nacional del país, ya que creen que provoca que la población latina y la comunidad inmigrante dejen de comunicarse con la Policía por temor a ser deportados al descubrir su estatus migratorio.

En el último mes se han realizado protestas de inmigrantes indocumentados en varios puntos del país, incluida una manifestación ante el Departamento de Seguridad Nacional para acusar al Gobierno de incumplir su promesa de realizar deportaciones selectivas.

Por contra, la Administración ha subrayado que da prioridad a la persecución de los criminales indocumentados por delante de otros perfiles migratorios y ha realizado varias detenciones masivas a inmigrantes con cargos en el último año.

Washington.- Un grupo de líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenda “de inmediato” la expansión del polémico programa “Comunidades Seguras” hasta que aclare el arresto de indocumentados sin antecedentes penales.

En una carta enviada a la titular del DHS, Janet Napolitano, los siete legisladores, entre ellos la neoyorquina Nydia Velázquez, pidieron que se suspenda “de inmediato” la expansión de “Comunidades Seguras” prevista para Nueva York y otras partes de Estados Unidos.

La iniciativa, que permite cotejar los datos y huellas digitales de los reos con una base de datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), está afectando también a personas con infracciones menores y sólo creará barreras entre la policía y las comunidades, advirtieron.

“Se debe contestar a estas preocupaciones y una suspensión permitiría una mayor revisión (del programa), así como capacitación y concienciación” sobre el mismo, añadieron los firmantes de la carta.

Aunque el objetivo del programa es dar prioridad a la expulsión de indocumentados con graves antecedentes penales y que representan un peligro a la salud pública, ocurre con demasiada frecuencia, según los legisladores, que el ICE se ensaña con inmigrantes que sólo tienen infracciones menores y no han cometido delitos violentos.

Según datos de 2011, el 26 % de todas las deportaciones bajo “Comunidades Seguras” fue de indocumentados condenados por homicidio y violaciones sexuales; el 19 % por crímenes contra la propiedad, incluyendo robos, y el 29 % por delitos menores por los que fueron sentenciados a menos de un año en prisión, recordaron los legisladores en la misiva.

De éstos últimos, el 26 % no tenía ni infracciones migratorias ni condenas criminales y, de hecho, las estadísticas de ICE demuestran que algunas jurisdicciones que participan en “Comunidades Seguras” registraron deportaciones en esa última categoría por encima del promedio nacional, indicaron.

Pese a las críticas, el DHS pretende ampliar el programa a todo el país para 2013.

Por supuesto que no! La gente no se va a sentir más segura con este programa, por el contrario, se van a mantener en el anonimato. Este programa no favorece para nada a la comunidad, todo lo contrario, genera desconfianza.

Marco Díaz

No, de ninguna manera, porque la gente se va a sentir atacada por su perfil racial y esto va a generar temor de la autoridad que se supone está ahí para proteger.

Celia Collazo

Este programa es malo porque la gente va a ser juzgada por la apariencia, va a ser discriminada, especialmente nuestra gente latina. No beneficia a la comunidad y por el contrario va a impedir el que se colabore con la justicia. Esta comprobado con estadísticas que la mayoría de extraditados son latinos.

Alex Horna

No. No creo que esa sea la solución a la inseguridad pública, especialmente porque hay mucha segregación y yo he percibido en las calles que solo paran a los latinos o por lo menos a la mayoría de los que paran son hispanos. Esa no es la medida que se requiere para darnos más seguridad.

Clara Díaz

No. Se supone que este programa es para buscar a delincuentes peligrosos, a terroristas, asesinos, pero si uno tiene un problema y pide ayuda, en vez de ser favorable va a perjudicar porque le van a juzgar por el color de la piel y ahí los hispanos perdemos.

Jaime Rosas

No, porque lo que hace este programa es discriminar especialmente al hispano, porque nunca van a parar para pedir papeles a alguien de origen europeo. 100% no, porque discrimina a nuestra gente.

Héctor Cruz

No, esto afecta a todos sin importar el estatus migratorio porque le da un poder indebido a la policía de hacer lo que quiera y eso en vez de hacer sentir segura a la comunidad, produce un estado de malestar e inseguridad generalizada.

Paulo Bispo

No. Estoy en desacuerdo con este programa y estoy seguro de que la comunidad no se va a sentir más segura por que se están negando derechos básicos a la gente solo por su perfil racial.

Además los policías necesitan prepararse por más tiempo y de mejor forma para ejecutar estos programas. Cuántos meses estudian para ser policías? El mismo Alcalde ha declarado que no se sabe cómo se va a implementar este programa.

Héctor Díaz

Washington.- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) entregó hoy a las autoridades de Guatemala a un indocumentado de ese país buscado por homicidio, secuestro y fuga de prisión, entre otros cargos, a través del programa Comunidades Seguras.

El guatemalteco, que residía en Providence (Rhode Island), fue expulsado de EE.UU. tras su arresto e identificación a través del controvertido programa adoptado en las cárceles del país y que permite la deportación de indocumentados con antecedentes penales.

Alfredo Carrillo, de 49 años, había sido arrestado por la policía local el 30 de diciembre pasado bajo el alias de “Feliberto López”, mientras portaba además una tarjeta de inscripción de votante mexicana.

Al cotejar sus huellas con una base de datos, las autoridades comprobaron que en realidad se trataba de Carrillo, que podría estar armado y ser un peligro de seguridad.

Los archivos confirmaron además que Carrillo se había fugado de una cárcel en Guatemala, y posteriormente fue trasladado a la custodia de ICE, a cargo de Comunidades Seguras.

Según datos de Interpol, Carrillo es miembro de “Los Pasacos,” una organización delictiva a la que se atribuyen numerosos casos de secuestros y asesinatos en toda Centroamérica.

El programa Comunidades Seguras, que permite compartir las huellas digitales de los detenidos con las autoridades de Inmigración para su eventual deportación, ha sido muy criticado por activistas proinmigrantes que aseguran que ha atrapado en sus redes a personas sin antecedentes penales.

Washington.- El programa federal “Comunidades seguras”, que persigue a inmigrantes con antecedentes criminales, debilita la seguridad nacional en EE.UU, según alertó Casa, la mayor organización pro inmigrante del estado de Maryland.

“Este programa federal hace que la población latina y la comunidad inmigrante dejen de comunicarse con la Policía, lo que reduce la seguridad de todos y no sólo a una comunidad concreta”, explicó  el director de la organización comunitaria Casa, Gustavo Andrade.

Para Andrade, el programa “Comunidades seguras” supone que cualquier detención o contacto con la policía por parte de un inmigrante pueda causar que se remita información a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Lo advirtió  la entidad en la ciudad de Baltimore y en el condado de Montgomery (ambos en Maryland), donde se ha empezado a aplicar este programa federal en los últimos días.

Por su parte, la portavoz del ICE, Nicole Navas, confirmó  la aplicación del programa “Comunidades seguras” en estas dos zonas del noreste del país y subrayó que su puesta en marcha implica el uso compartido de huellas dactilares entre el ICE y el FBI, tal y como ha estado haciendo desde sus inicios este programa federal.

El ICE usa datos facilitados por este programa federal relativo a 2.304 jurisdicciones de 45 estados, además de Puerto Rico.

Con la entrada en funcionamiento en la mayor ciudad de Maryland y el condado de Montgomery, la organización pro inmigrante quiso destacar los efectos negativos que el programa ha tenido en otras zonas del estado donde ya se aplicaba desde hace meses.

Andrade calificó de “terrible” la iniciativa federal porque, asegura, ha llevado a la deportación a unas 700 personas del estado de Maryland, “la gran mayoría de estas personas no era una amenaza a la seguridad pública, sólo el 13% era un convicto”, apuntilló.

La organización, presente en el estado de Maryland desde 1985, hizo públicos hoy algunos casos de inmigrantes afectados por este programa, como el de María Bolaños, quien explica que una llamada a la policía por violencia doméstica le conllevó estar actualmente pendiente de deportación.

La denuncia por sufrir violencia en su familia hizo que agentes de policía visitaran su casa, donde encontraron indicios de que desarrollaba un negocio sin licencia.

Similar historia es la de Florinda Lorenza, guatemalteca que lleva ocho años viviendo en Estados Unidos y deberá ser deportada el próximo 4 de agosto por vender ilícitamente tarjetas telefónicas.

“Es una actividad que mucha gente hace y con lo que simplemente queremos contribuir económicamente para que nuestras familias tiren adelante”, relató Lorenza, que dejará a su marido y a tres hijos en EE.UU. si finalmente es deportada a su país de origen.

Actualmente, el 73 % de los condados estadounidenses aplican este uso compartido de datos y el objetivo del programa federal es haber llegado a la totalidad del país en 2013.

Hasta finales de 2011 unos 119.900 inmigrantes condenados por delitos, entre ellos 43.400 por crímenes con agravantes como el asesinato, la violación y el abuso sexual de niños, habían sido deportados de EE.UU. tras su identificación mediante el programa “Comunidades seguras”, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Washington.- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció una serie de cambios en la manera en que hará cumplir la política migratoria, que han sido acogidos entre las organizaciones en defensa de los indocumentados como un paso necesario pero aún insuficiente.

El director de la oficina, John Morton, indicó en declaraciones a la prensa que los cambios se centrarán en el programa Comunidades Seguras, que permite que las autoridades policiales locales puedan comprobar información sobre huellas dactilares en bases de datos de inmigración y de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Los críticos de este programa consideran que puede causar que algunos inmigrantes dejen de aportar información sobre delitos, por miedo a ser deportados, o que sean deportadas personas que no han cometido ningún delito.

Estados como Massachusetts, Illinois, Nueva York así como diversas ciudades estadounidenses, han indicado que no participarán en el programa.

Según indicó Morton, “escuchamos esas preocupaciones y las atajamos de frente”.

Los cambios, aseguró, buscan “garantizar que el programa se centra más en aquellos que representan el mayor peligro para las comunidades”.

Por ello, las nuevas directivas instruyen a los funcionarios del ICE a que usen su juicio para asegurarse de que las víctimas o los testigos de un delito no resultan sometidas a un proceso de deportación.

Un comité asesor deberá presentar en el plazo de 45 días un primer informe con recomendaciones acerca de cómo evitar las deportaciones de personas que resulten acusadas -pero no condenadas- por infracciones de tráfico leves, si no tienen otro tipo de historial delictivo.

Además, la Oficina ha colaborado con la división de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional para desarrollar un nuevo programa de formación para los agentes del orden locales sobre cómo aplicar el programa Comunidades Seguras.

Pero las organizaciones en defensa de los inmigrantes no parecen convencidas. En un comunicado, la organización MALDEF (Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal) consideró que “las reformas anunciadas por el Gobierno federal son inadecuadas para resolver los problemas que afronta el programa”.

Los cambios “son poco más que vestir a la mona de seda.

Excepto que en este caso se trata de una mona gruñona, sanguinaria y rabiosa que seguirá haciendo de las suyas e infligiendo daños graves en las familias y las comunidades de todo el país”, según MALDEF.

Por su parte, Eliseo Medina, del sindicato SEIU, indicó que los cambios representan “un reconocimiento bienvenido de que existen problemas graves en el programa de cumplimiento de las normas de inmigración del Gobierno.

Desafortunadamente, estos cambios sólo son el primer paso en un camino mucho más largo de reformas necesario para crear un sistema migratorio más sensato”.