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Organizaciones comunitarias, políticos y activistas lamentaron hoy que el Tribunal Supremo haya respaldado aspectos controvertidos de la ley SB1070 de Arizona y dijeron que seguirán luchando por una reforma migratoria integral.

Nueva York.- Organizaciones comunitarias, políticos y activistas lamentaron hoy que el Tribunal Supremo haya respaldado aspectos controvertidos de la ley SB1070 de Arizona y dijeron que seguirán luchando por una reforma migratoria integral.

“Vamos a desmantelar esta ley, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) está pensando recurrir (la decisión de los jueces) y después habrá demandas”, afirmó hoy en rueda de prensa la concejal Melissa Mark-Viverito frente a la Oficina Federal de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en el sur de Manhattan.

La concejal, que hizo un nuevo llamamiento a la movilización para que en los comicios presidenciales de noviembre sean elegidos legisladores que “representen realmente la voz de la mayoría”, lanzó un mensaje de unidad para que la comunidad latina demuestre que no está en “silencio” y “todavía queda mucho por venir”.

El Tribunal Supremo anuló hoy tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona, pero mantuvo la disposición más espinosa, que permite a la Policía pedir “los papeles” de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga “sospecha razonable” de que son indocumentados.

“Hoy la Corte Suprema anunció que en EE.UU. es constitucional parar a las personas y pedirles los papeles y eso lo que hace es mandar una oleada de terror en nuestras comunidades que van a tener miedo de caminar en las calles”, declaró Ana María Archila, directora ejecutiva de la organización Se Hace Camino Nueva York.

Archila celebró que la máxima instancia judicial del país haya dicho tres cosas “muy positivas” sobre la ley, que no es un crimen ser indocumentado, que no es un crimen trabajar sin papeles y que la Policía no puede detener sin una orden de arresto.

Sin embargo, lamentó que la parte más controvertida de la ley “sigue en pie”, pero advirtió que van a luchar para que a nivel local y estatal se promuevan leyes contra el perfil racial.

Por su parte, Lucía Gómez-Jiménez, directora ejecutiva de la organización La Fuente, lamentó en declaraciones a Efe que los jueces del Supremo hayan permitido que la Policía pueda cuestionar el estatus migratorio de personas que “sospechen” que sean indocumentados.

“La Policía debería tratar de asegurar nuestra comunidad y no criminalizar a las personas que están trabajando todos los días”, dijo la activista.

Gómez-Jiménez, que celebró que el alto tribunal haya determinado que el tema de la inmigración “está en manos del Gobierno federal” y no en la de los estados, llamó a seguir luchando por una reforma migratoria integral y advirtió que de no hacerlo tendrá también un impacto en la economía del país.

Para jóvenes como Dulce Matuz, presidenta de la Coalición de Arizona por el Dream Act y una de las 100 personas más influyentes en el mundo de acuerdo a la revista Time, dijo estar contenta de que tres secciones de la SB1070 fueran eliminadas, pero expresó su preocupación por la que sobrevivió.

“Sabemos que, con o sin SB1070, la separación y la persecución en contra de nuestra comunidad aún continua. Debemos demostrar que no estamos satisfechos y que saldremos a votar para elegir a personas que realmente sean proinmigrantes”, dijo Matuz.

Wilfredo León, de la Coalición de Inmigrantes de Carolina del Sur y director del periódico Latino de Greenville, expresó su disconformidad con la decisión del Supremo: “Los abusos van a continuar”.

Charles Kuck, abogado de inmigración y vicepresidente de la Asociación de Representantes Hispanos Electos de Georgia (GALEO), calificó la decisión como una “rotunda derrota” para el movimiento antiinmigrante y señaló que será muy difícil para los estados aplicar esta provisión sin enfrentar acciones legales por perfil racial.

“Para poder hacer cumplir la provisión de ‘muéstrame tus documentos’, el estado tendrá que revisar el estatus migratorio de cada persona, en cada detención, por cada delito y cada vez. De no hacer eso se estaría haciendo perfil racial debido a que no podría haber una forma legítima de determinar el estatus migratorio de alguien”, señaló Kuck.